La reforma judicial que se va a someter al Congreso en septiembre y que seguramente va a ser aprobada por el mismo tiene diversas implicaciones económicas de corto y mediano plazo.
Desde que se conoció que las votaciones fueron abrumadoramente a favor del partido del actual presidente de México, quien tiene un especial interés en modificar la forma en que se designan a los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, se presentaron turbulencias en el mercado de cambios y en la bolsa de valores. La depreciación del peso frente al dólar y las fluctuaciones en el precio de las acciones fueron un reflejo de que los mercados no consideran a la iniciativa de la reforma judicial como un elemento que favorecerá al país.
La depreciación del peso reflejó un rechazo a la iniciativa, sin embargo, su impacto económico tampoco es tan negativo. El peso había tenido una apreciación importante durante los últimos meses, por lo cual que suba la cotización del dólar alrededor de los 18 pesos o 18.50 permite compensar parte de la competitividad que se había perdido por tener un peso tan apreciado. Habrá actividades como el turismo y las exportaciones que se beneficiaran de la nueva cotización y no hay indicios que ese rango en el tipo de cambio pueda tener un impacto relevante en la inflación. En otras palabras, nos ayuda a recuperar la competitividad perdida, ya va a ser más caro para los mexicanos viajar al exterior en tanto que será más atractivo para los extranjeros venir a vacacionar a México.
Al igual que la decisión de cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la reforma judicial tendrá un impacto de mayor trascendencia en el mediano plazo. Cuando se canceló el AICM se evidenció que los proyectos del gobierno no se regirían por conceptos de rentabilidad económico social, sino que estarían determinado por criterios políticos y que la continuidad de las inversiones, tanto privadas como públicas, estaría sujeta a la voluntad del Presidente, lo cual se corroboró posteriormente con la cancelación de la cervecera en Mexicali y las plantas de Iberdrola. Ello implicó que la inversión privada se redujera porque incrementaba grados de incertidumbre a los proyectos a realizar.
La reforma judicial envía la señal que en caso de que lleguen a existir controversias que se requieran dirimir en los juzgados, ya sea controversias entre particulares y más aún con autoridades gubernamentales, las decisiones de los tribunales y de la Suprema Corte de la Nación ya no responderán a criterios técnico jurídicos, sino que estarán determinadas por intereses políticos o responderán a los intereses de los grupos económico o delincuenciales que hayan sufragado las campañas de los jueces o ministros que hayan sido electos.
Por lo tanto, el impacto de la reforma judicial de mediano plazo va a tener mayores consecuencias económicas al desincentivar la inversión. La incertidumbre sobre los criterios a utilizar en controversias judiciales provocará que el país pierda la oportunidad de atraer a las empresas en proceso de relocalización, vamos a perder el tren del nearshoring.
