La actual administración había pretendido dar una muestra de responsabilidad fiscal durante los últimos cinco años. Si bien fueron utilizando los recursos que había en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y otros fideicomisos, el déficit del sector público, es decir, el excedente de los gastos sobre los ingresos que tienen que ser financiados necesariamente con deuda, se habían mantenido en niveles muy razonables. Incluso en 2020, a pesar de los estragos económicos que causó la pandemia del Covid, el gobierno se negó a modificar su política de disciplina fiscal, no obstante que en esos momentos se requería un mayor gasto público para atenuar los impactos de a falta de actividad económica sobre el bienestar de la población. Dicha posición fue muy diferente a la que asumieron otros países. Como consecuencia de dicha disciplina fiscal la producción en México se contrajo 8.8% en 2020.
El presupuesto de 2024 no nada más se aleja del discurso de la austeridad fiscal, también revela completamente las prioridades del gobierno, privilegiar el gasto que le permita generar votos que le den el triunfo en las próximas elecciones y concluir los proyectos insignia de la actual administración. Para 2024 se está planteando un déficit del sector público[1] de 5.4% del PIB, el más elevado de los últimos 30 años. Este mayor déficit no nada más es resultante de las mayores tasas de interés que han prevalecido, porque, a diferencia de años previos en que los ingresos totales superaban al gasto que excluía intereses, en 2024 los ingresos ya no van alcanzar para financiar el gasto diferente a los intereses. Adicionalmente, a pesar de que está aumentando el gasto total, el destinado a la inversión pública va a disminuir de 2.8% del PIB en 2023 a 2.6% en 2024.
Si bien es verdad que este mayor déficit no va a genera un problema de deuda en 2024 si genera una presión sobre las finanzas públicas de los próximos años. Debido a que fueron mayores los costos de los proyectos como Dos Bocas (va a terminar costando 16 mil millones de dólares en lugar de los 8 mil millones que se habían dicho al iniciarse) y el Tren Maya (con un costo final de 500 mil millones de pesos en lugar de los 150 mil millones planteados inicialmente), los años que tomará para que sean rentables se ampliará lo que implica que requerirán más subsidios por mayor tiempo y por lo tanto se les tendrá que destinar más recursos. Esto mismo sucederá con otros proyectos como el AIFA y la nueva línea aérea Bienestar, la cual carece de un plan de negocios definido.
El Banco de México ha insistido que las tasas de interés elevadas se van a mantener por un periodo amplio de tiempo para lograr llegar a la inflación objetivo, lo que implica que la política monetaria continuará siendo restrictiva, lo que contrasta con la política fiscal que va en el sentido opuesto, va a ser expansionista.
Plantear que en 2025 la nueva administración va a tener la capacidad de reducir el déficit público a la mitad (2.6% del PIB) resulta totalmente inviable. La inercia que se le ha dado al gasto a lo largo del sexenio, particularmente en su último año, así como la necesidad de subsidio de los proyectos antes mencionados hace que sea casi imposible de revertir. Los ingresos totales como porcentaje del PIB van a disminuir en 2023 y 2024, lo que implica que al final del sexenio sean de la misma magnitud que cuando empezó la administración. Situación que contrasta con la dinámica del gasto, al final del sexenio será 3 puntos del PIB mayor respecto a su inicio.
En resumen, es muy poco probable que el mayor déficit público genere una crisis económica en 2024 pero sí provoca presiones muy fuertes en las finanzas públicas para los siguientes años y hace impostergable llevar a cabo una reforma hacendaria a fondo, que asegure la asignación eficiente de los recursos para evitar gastos en proyectos sin rentabilidad económica y social y aumente los ingresos del sector público. La tarea no es nada fácil, toma tiempo y sobre todo, va a generar un elevado costo político. Esa es la herencia que se le deja a la próxima administración.
[1] Los Requerimientos Financieros del Sector Público
