Las autoridades son bastante optimistas e inconsistentes respecto al crecimiento de la economía mexicana para 2025, reduciendo el gasto público e incrementando los impuestos. Desde hace más de 70 años, con la excepción de Carlos Salinas de Gortari en 1989, el crecimiento del PIB durante el primer año de gobierno de una nueva administración se ha ubicado por debajo del año inmediato anterior. Esto debido a que al inicio de la administración siempre hay una curva de aprendizaje por parte de los funcionarios que ejercen el presupuesto del sector público. Asimismo, la iniciativa privada pone en pausa proyectos hasta ver en la práctica cual va a ser la política económica de la nueva administración. En esta ocasión la situación no puede ser diferente, porque además está por entrar un nuevo gobierno en los Estados Unidos, el cual ha declarado abiertamente que está en contra del libre comercio y por lo tanto que tiene toda la intención de establecer aranceles a todas las importaciones que realiza, lo cual afecta directamente a las exportaciones de México. Adicionalmente, ello alimenta la incertidumbre respecto a la revisión del TMEC que se deberá realizar en 2026, provocando la posposición de inversión privada. A todo ello hay que añadir que la baja en el gasto público que se plantea implica reducir la demanda agregada y por lo tanto va en contra de generar un mayor crecimiento económico. Por todos estos motivos, la mayoría de los analistas y organismos internacionales estiman que el crecimiento del PIB para 2024 será de alrededor del 1.5% y en 2025 será más cercano a 1.0%. En contrates, la SHCP estima que en 2024 la economía mexicana crecerá 2.0% y en 2025 aumentará a 2.2%, lo cual resulta poco posible.
Un menor crecimiento de la economía implica que los ingresos del sector público serán menores a lo programado, porque dependen de la actividad económica. Por lo tanto, si se llevan a cabo los gastos establecidos en el presupuesto que se ha planteado para 2025, el déficit del sector público resultará mayor, tanto en términos de pesos, como proporción del PIB, porque al ser menor el PIB la relación de déficit a PIB se incrementa.
Por lo tanto, plantear una reducción del déficit del sector público[1] de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9% en 2025 suena poco factible. Lo más probable es que el déficit va a resultar superior a la meta que se propone, a menos que se realicen recortes adicionales al gasto a lo largo del año, lo cual incide negativamente en el crecimiento económico. La declaración del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados respecto a la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal refleja que están conscientes que para financiar los programas de transferencias a la población se requiere incrementar los ingresos del gobierno, de lo contrario serán insostenibles.
Sin embargo, llevar a cabo una reforma fiscal no podrá resolver los problemas de 2025 y, tomando en cuenta las declaraciones de Trump en el sentido que desea reducir las tasas impositivas a las empresas americanas que estén instaladas en EUA, incrementar los impuestos a las empresas en México desincentivaría la relocalización de empresas en nuestro país, porque estarían sujetas a mayores cargas fiscales.
En cuanto al tipo de cambio, estiman que al final de 2025 se pagarán 18.5 pesos por dólar, lo que implica que consideran que los niveles que se han registrado a partir de agosto de 2024 son temporales. El planteamiento ayuda a que el valor de la deuda externa y su pago de intereses sea menor al expresarlo en pesos, pero suena bastante optimista ante la incertidumbre que generará el inicio del gobierno de Trump respecto a la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas y por ende en el comportamiento del tipo de cambio. Las expectativas del mercado ubican al tipo de cambio al final de 2025, por lo menos, en 19.85.
Ser muy optimista en la evolución de las variables que determinan los ingresos implica sobre estimarlos y por lo tanto plantear un déficit fiscal que no se va a alcanzar. Adicionalmente, los recortes en el gasto están afectando, como siempre, a la inversión del sector público lo cual afecta a la capacidad productiva de la economía a lo largo del tiempo.
[1] Se refiere a los Requerimientos Financieros del Sector Público, la definición más amplia de déficit público
