La huida de Joaquín Guzmán Loera, o “El Chapo” como le conoce todo mundo, es sin duda una vergüenza mundial. Pero para nadie debe ser más vergonzoso que para el gobierno Federal, que en voz del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a que esto “no volvería a ocurrir”. Lo anterior ocurrió durante una entrevista para Univisión que le hiciera el año pasado el periodista León Krauze.
En este entonces, Krauze le dijo al presidente que la gran mayoría de mexicanos consideraba que el Chapo se podría volver a escapar, y este contestó que era “una obligación” impedirlo. Esa obligación falló de nuevo.
Peña Nieto debe estar muy molesto con el máximo responsable de la seguridad pública en el país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien hizo volver desde Francia –donde se encontraba para acompañar al presidente en una gira de trabajo, para encabezar las investigaciones.
En la aludida entrevista, Peña Nieto aseguró que sería “imperdonable” una nueva fuga de Guzmán Loera y que todos los días le pedía al titular de Gobernación que se asegurara de tenerlo “bien vigilado”. Para ser claros, el tamaño de la falla –si de verdad es imperdonable para el Ejecutivo, debería significar que “rodara la cabeza” de Osorio Chong, aunque eso implique truncar sus aspiraciones presidenciales. ¿Tomará el presidente una decisión de ese tamaño? Ya veremos.
Como quiera, menos probable que eso es que volvamos a ver al Chapo en la cárcel. Ojalá estemos equivocados.
Más allá de ello, la fuga del Chapo debe ser una nueva gran oportunidad de ir más allá del mero debate de la legalización de las drogas. La “guerra” en contra de ellas es un fracaso global, pero en el caso de México es una causa de sangría permanente en lo social, lo político, la seguridad pública, etc. El poder que adquiere la delincuencia organizada con los enormes recursos que percibe por el tráfico ilegal de drogas, es algo contra lo que nada se podrá hacer desde el gobierno, y menos, cuando la corrupción en él es la regla y no la excepción.
Además, el consumo es una responsabilidad personal que como tal debe ser asumida, del mismo modo que el de otras drogas como el alcohol o el tabaco. La intervención del Estado para tratar de impedir lo que sus ciudadanos quieren hacer, termina empeorando todo y atenta contra su libertad.
El empresario Ricardo Salinas Pliego, abordó el jueves pasado el tema de la legalización en su artículo “La guerra contra las drogas ha fracasado, es momento de avanzar”. Salinas recuerda el fracaso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante el siglo pasado y los efectos adversos que tuvo sobre la sociedad, la industria y la agricultura.
Asimismo, acusa con acierto a la política de “guerra” dictada desde Washington y las Naciones Unidas como responsable del alto precio que México paga con la sangre de sus ciudadanos. Al citar datos del Informe Global sobre Homicidios 2013 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, señala que “en 2012, casi medio millón de personas fueron asesinadas a nivel mundial. Más de una tercera parte de estos homicidios ocurrieron en América Latina”. Por lo anterior, afirma que la guerra contra las drogas es en realidad una contra Latinoamérica.
Salinas Pliego concluye con un llamado a realizar un cambio urgente que legalice y regule las drogas, empezando por la marihuana, y pone como ejemplo las campañas para prevenir el consumo del tabaco –un producto mucho más adictivo que la Cannabis, que han sido bastante exitosas. Esto permitiría “liberar” nuestros sistemas de justicia para que se enfoquen en “garantizar la seguridad de las personas, los derechos de propiedad y para que sean capaces de combatir eficazmente los delitos que más lastiman a la sociedad”. Tiene razón.
Que la fuga del Chapo entonces no se quede en un asunto de recaptura de un delincuente. Tomemos la oportunidad de ir a fondo en el tema de las drogas. Entre más nos tardemos, más caro será el precio que habremos de pagar.
