En su mensaje de año nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó una frase que es en extremo absurda y peligrosa: vigilarán que no haya ‘abusos’ por lo que llaman ‘aumentos injustificados de precio’ en los productos básicos. Por supuesto, lo dijo en alusión al aumento de 20 por ciento en el precio de las gasolinas.
De hecho, en un comunicado de la Secretaría de Economía, se afirma que ‘Los precios de los productos de la canasta básica, en ningún caso, pueden subir en la misma proporción que lo hicieron la gasolina, el diésel y el gas.’ Con estas palabras el gobierno exhibe su ignorancia y crea la falsa percepción de que los precios dependen sólo del costo de sus insumos. Error.
Se trata pues de declaraciones que retratan muy bien la ‘lógica’ populista (eufemismo de socialista) que ha enfermado por décadas la economía de México, y que heredamos del viejo régimen de la Revolución, hoy de nuevo en el poder.
Para decírselos claro a los políticos: los precios de cada producto subirán o bajarán de acuerdo a las condiciones propias de su mercado. Esto quiere decir que es perfectamente posible y justificado que –por poner algunos simples ejemplos- el huevo, el limón o el aguacate se disparen mucho más allá del 20 por ciento de la gasolina, como de hecho, ya ha ocurrido en el pasado reciente y hasta fueron noticia (y ojo, sin ‘gasolinazo’).
Desde luego, esas mismas condiciones de oferta y demanda en el mercado también hacen viable que un precio se desplome de forma rápida después de alcanzar máximos y deje de llamar la atención de la gente y los medios.
Así es como debe ser, y el gobierno, tiene la obligación de ser garante del funcionamiento del mercado en libertad, no su principal distorsionador. Sólo así se asegura el abasto.
El mercado no es un ser con vida propia, sino millones de individuos negociando sus términos de intercambio, y el gobierno no debe estorbarles. Mucho ayuda el que no lo hace.
Alterar o controlar precios por decreto genera distorsiones serias que no quedan impunes, sino que se revierten siempre contra el consumidor.
Que no quede duda: la intención del gobierno al advertir a productores, distribuidores y vendedores que no deben encarecer sus mercancías ‘en la misma proporción’ que la gasolina, es la de controlar de manera indirecta los precios. Grave falta.
Insisto, tienen que entender nuestras autoridades que por el mero funcionamiento de las fuerzas de oferta y demanda puede ocurrir que haya alzas –o bajas- de igual o mayor proporción que el precio de la gasolina, el diésel, el gas o la electricidad.
Con las presiones inflacionarias por la pérdida de valor de nuestra moneda, le aseguro que no faltarán voces que pidan que el gobierno controle o ponga topes a los precios de manera directa.
Hacer eso en un ambiente de alta inflación como el que se avecina, es lo peor que podría ocurrir.
La política de fijar precios –en este caso artificialmente bajos-, lo único que genera es escasez y desabasto generalizado. Después de todo, ¿quién o por qué debería alguien vender su propiedad a un precio que no quiere, más aun si no refleja la realidad del mercado? Venezuela es un botón de muestra regional a la vista de todos. Debemos evitar llegar a ese extremo.
Si el gobierno quiere de verdad contribuir a la fortaleza de nuestra moneda y a combatir las presiones inflacionarias, bien haría en amarrarse las manos del gasto, pero de eso, no escuchará nada. Equilibrio fiscal real es lo urgente. Ya vamos tarde.
