El control de precios es una práctica que históricamente fracasa

Cada vez que puede y a la menor provocación, el presidente López Obrador afirma que su gobierno no es igual a los anteriores y tal vez así sea, pero controlar desde el Estado el precio de productos no es algo nuevo, gobiernos anteriores lo llevaron a cabo y fue un fracaso, en algunos casos lo resintió el valor de nuestra moneda lo cual terminó siendo más perjudicial que beneficioso. Lo que sí sería diferente y un éxito en esta administración es que en lugar de reciclar malas ideas del pasado para, en este caso, controlar el precio del Gas LP mejor se debería promover la competencia para que entren a este mercado más empresas gaseras, pues el control de ese mercado está en pocas manos, pero también se debería sancionar a aquellas que han abusado con el precio del energético.

 

Sin embargo, en lugar de ir al fondo del asunto y hacer cambios en la raíz del problema de los altos precios del Gas LP, este gobierno aprovechó la situación para hacerse propaganda al anunciar una empresa estatal que supuestamente distribuirá Gas llamada “Gas del Bienestar” (nombre que por cierto ya registró un particular y que su comercialización sólo le pertenece a él), es decir, ¿el gobierno le hará la competencia a los particulares en lugar de fomentar que más compañías quieran participar en ese mercado? ¿no aplicará sanciones a quienes hayan abusado de la población con este energético?

 

En los últimos 50 años, en México se han llevado a cabo (en distintos momentos) controles de precios en productos como:

 

 

En todos esos casos, la decisión de topar su precio de venta ha estado impulsada por fines políticos y siempre el común denominador fue un fracaso económico.

 

El problema de meterle tope de precios a los productos es que se hace para quitarle presión al bolsillo de las clases populares, pero ello ha traído efectos colaterales que han impactado en lo económico, esto sucede porque la final nada es gratis y para controlar el precio de venta de un producto se recurre a subsidios en diferentes modalidades, ya sea que el estado inyecte capital (de nuestros impuestos), baje el pago de impuestos, etcétera, pero esto tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas.

 

Un producto o servicio tiene generalmente un precio que podríamos llamar “natural” en el sentido de que lo determina el mismo mercado, pero cuando ese precio se altera desde una imposición externa (como la del gobierno) lo que sucede es que el mercado se distorsiona y ello puede generar:

 

 

Una regla general es que quien impone los precios es el mercado. Por ejemplo, si eres emprendedor sabrás que si a ti te cuesta 10 pesos producir algo no podrás venderlo en 12 o en 15 pesos si el precio de ese mismo producto en el mercado está en $7 o $6, de modo que tendrás que revisar tus costos productivos para bajarlos o de plano no entrar en ese negocio porque simplemente no eres competitivo en ese mercado. Lo mismo sucede con todo lo demás porque la oferta y demanda de un sector tiene su propio dinamismo.

 

Hay que voltear al pasado para saber lo que nos puede esperar: en la década de 1980 en México se impuso un límite al precio en varios productos y aunque ello contuvo la tasa de inflación por unos años, esta llegó a triple dígito para finales de la década. En la actualidad los costos del Gas LP los fija el mercado internacional, sin duda han sido costosos, pero en lugar de fijar precios máximos desde el poder del Estado, sería mejor fomentar que exista mayor competencia, lo que puede acabar sucediendo es que en la guerra empresarial por ganar clientes se creen fusiones de compañías, surgirían nuevas, etcétera, para que ofrezcan mejores precios a la población, así es como se nivela el mercado y no con imposiciones que tarde o temprano acaban afectando a todos los contribuyentes, porque los subsidios tienen un costo fiscal que siempre pagamos todos.