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Estando a menos de un mes del término de 2024, es buen momento para hablar sobre el porvenir económico nacional durante el próximo año (y más allá, en la justa medida).


Una de las variables que más polémica ha estado generando entre los analistas durante las últimas semanas es la estimación puntual del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2.3%, oscilando en un rango de 2% - 3%, cifra muy por encima de la mediana de los pronósticos de la edición más reciente de la Encuesta Citibanamex de Expectativas, así como de la previsión puntual del Banco de México (Banxico), de los órdenes de 1% y 1.2%, a correspondencia.

Si bien esta discrepancia se ha presentado en los últimos años, resultando en un dato real que ha tendido a aproximarse (favorablemente) a los números de la SHCP, ciertamente esta ocasión se torna complejo por 2 razones: la evidencia histórica y las consideraciones.

Hablando de la primera, en lo que va del siglo XXI, durante los primeros años de gobierno, la economía ha tendido a registrar un crecimiento promedio, medido por el PIB, de 0.63%, fluctuando en un intervalo de -0.24% - 2.06% (Gráfica 1). Y, en lo que concierne a la segunda, mientras que la máxima autoridad financiera del país hace alusión particularmente al consumo, a los efectos del nearshoring sobre la inversión privada y la continuación del proceso de deflación como los factores principales que impulsarán al dinamismo económico, los analistas conjugan la incertidumbre de la política interna y las posibles repercusiones de las políticas comercial y migratoria del presidente electo de Estados Unidos de América.


Se ha comenzado a plantear un escenario en el que México sufra una reducción de la nota crediticia en un horizonte de hasta 18 meses. ¿La razón? El ajuste reciente de la perspectiva de la nota de la deuda soberana de estable a negativa por parte de dos agencias calificadoras de valores, Moody’s y HR Ratings.

Entre los principales argumentos destacan la debilidad de la actividad económica, el deterioro del estado de derecho, la prevalencia de los riesgos fiscales y presiones por parte de gobiernos extranjeros.

La gran pregunta: ¿qué nos implicaría un recorte en la calificación crediticia?

El desencadenamiento de una fuga de capitales extranjeros, lo que, en consecuencia, ocasionaría una depreciación en el precio de los bonos (y con ello, un repunte de las tasas de interés) y en el par USDMXN.

Comparando la ubicación actual en la escala de las 4 agencias calificadoras de valores más importantes del mundo, nuestro país está a, prácticamente, 2 escalones (con excepción de Fitch, que está a 1) de perder el grado de inversión (Tabla 1).


En sintonía con el emprendimiento del ciclo de relajamiento monetario del Banxico y el proceso deflacionario, los retornos reales de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) han estado descendiendo desde octubre de 2023, situándose en la última subasta de noviembre para todos los plazos con excepción del de 728 días, en los niveles más bajos del año, similares a los registrados en abril del año pasado (Gráfica 2).

Considerando que la SHCP ve a la tasa objetivo en 8% y una tasa inflacionaria de 3.5% al finalizar 2025, la tendencia descendiente proseguirá por los próximos 12 meses, hecho que le restará atractivo a estos instrumentos.

Ahora bien, considerando el punto previo (calificación crediticia), junto con las nuevas disposiciones para invertir a través de Cetesdirecto bajo el esquema de ahorro recurrente que consiste en aumentar el monto mínimo de inversión en MXN $200 para quedar en MXN$ 300 y la adquisición de CETES a partir de 91 días y ya no de 28 días, desde una perspectiva subjetiva, refleja un panorama desfavorecedor en 2 sentidos; de cómo se están gestionando las finanzas públicas y la deuda, y, la promoción de la educación financiera, restringiendo (aunque sea por tiempo limitado, 1 mes) el acceso a la inversión.

En conclusión y considerando los datos actuales, se perfila un 2025 interesante.


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