El pasado 9 de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) celebró su primera reunión de política monetaria del 2023, en la cual, por unanimidad, decidió incrementar en 50 básicos la tasa de interés, situándola a un nivel de 11%.
Si bien el ajuste al alza era inminente, la magnitud y el grado de consensodistaban de serlo. Hablando de la magnitud, de acuerdo con la Encuesta de Citibanamex de Expectativas del 7 de febrero de 2023, el 100% de los encuestados (33 instituciones financieras) anticipaba que sería de un cuarto de punto. En cuanto al grado de consenso, existía un enorme sentimiento de expectativa en torno a la disidencia o coincidencia que mostraría el órgano colegiado, pues, entre otras cosas, desde el primer día del año tenemos una Junta de Gobierno renovada.
A pesar de ello, tomando como base el artículo 2 de la Ley del Banco de México, el Banxico actuó correctamente. Recordemos lo dispuesto por dicho artículo:
Considerando que, en enero, la inflación volvió a acelerarse (situándose en 7.91% a tasa anual), tras tres meses consecutivos de descensos desde el «pico» de 8.70% registrado en septiembre de 2022, y en medio de un escenario donde se ha desprestigiado (con causa) a la banca central internacional, resultaba más que necesario que el Banxico enviara una señal de contundencia a los mercados, independientemente de los efectos estacionales y otros factores que pudieron tener incidencia en la primera lectura del Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC).
En ese sentido, el objetivo prioritarito de la autoridad monetaria nacional no es (al menos directamente) velar por el crecimiento económico o preservar la estabilidad cambiaria, sino mantener una inflación baja y estable.
Dicho esto, ¿cuáles serían las repercusiones de esta decisión?
Hoy, como no sucedía desde inicios del siglo XXI, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días y a 91 días se encuentra en niveles superiores al 10%, en tanto, la TIIE a 182 días está prácticamente en máximos históricos, lo que significa que, mientras el deudor es (y podría seguir siendo) castigado, el ahorrador es (y podría seguir siendo) premiado (Gráfica 1).
Cierta e infortunadamente, nuestro país se ha caracterizado por tener una balanza comercial negativa; no obstante, en el 2022 se registró el mayor déficit comercial desde que hay registros disponibles, del orden de -26.4B (Gráfica 2).
Esta situación fue y podría seguir siendo consecuencia de, entre otras variables, las restrictivas condiciones monetarias, pues uno de los canales de transmisión de la política monetaria es el tipo de cambio, el cual, dado el contexto actual, se ha visto beneficiado dada la creciente predilección de los inversionistas internacionales por papeles mexicanos.
Un tipo de cambio barato no es del todo benéfico.
De acuerdo con el Paquete Económico 2023, se estima que México registrará un déficit fiscal a 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en 15 años, dejando entrever una ya existente presión sobre las finanzas públicas (Gráfica 3).
Uno de los fenómenos que se había venido avizorando desde la segunda mitad de 2022 era que México sería uno de los primeros países que implementaría una política monetaria acomodaticia a partir del segundo semestre del año; sin embargo, de persistir la renuencia de la inflación a ceder, sería una de las primeras previsiones que podría ser descartada en su totalidad, situación que elevaría el costo de financiamiento del gobierno.
La lucha del control de precios es una tarea que deben resolver 3 entes: la banca central, el gobierno y las empresas. Por ahora, sólo uno la está haciendo correctamente.
Estamos presenciando quizá el periodo más retador que haya atravesado el Banxico desde que le fue otorgado su autonomía en 1994.
