Como todos los 1 de septiembre, el presidente de la República en turno entrega su informe de gobierno, se trata de un documento que básicamente informa la situación de la administración pública federal, pero también los presidentes lo han usado para hacer propaganda de su régimen. Prácticamente ningún ex mandatario (ni el actual) han hecho autocrítica, siempre han difundido buenos resultados y lo negativo no lo mencionan o lo matizan, pero el presidente López Obrador ha dado a conocer datos imprecisos, falsos, manipulados o fuera de contexto. Revisemos solamente los que tienen que ver con la parte económica de su gobierno.
En materia económica, hay dos declaraciones que fueron las más importantes:
1. “Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al IMSS 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es decir 623 mil 330 más que antes de la pandemia”.
y…
2. “a pesar de que no ha existido un mayor crecimiento para la economía del país, se ha logrado una mejor distribución en la riqueza” y para respaldar esta supuesta afirmación dijo que de acuerdo con la última en cuesta del Inegi, en 2018 los ricos ganaban 18 veces más que los pobres, pero que en 2020 su ganancia se redujo a 16 veces.
Analizando la primera declaración del presidente veremos que tal como fue presentada es engañosa por lo siguiente: efectivamente aumentó la cantidad de trabajos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incluso rebasó la cifra de empleos que teníamos antes de la pandemia, sin embargo, los trabajos creados son insuficientes porque hay un rezago importante provocado porque tenemos a muchas personas trabajando en la informalidad, las cuales necesitan incorporarse al mercado laboral.
De acuerdo con expertos, además de que se deben recuperar los puestos de trabajo perdidos se requiere crear 100 mil nuevos empleos registrados ante el IMSS, es decir, trabajos formales. El problema es que los empleos no los crea el gobierno, los crean en su mayoría las PyMes y en segundo lugar las grandes empresas, pero la administración de AMLO no ha ofrecido un clima de negocios adecuado para animar a que se hagan inversiones en el país, además de que los actuales niveles de violencia desaniman a los empresarios.
Por último y de acuerdo con datos oficiales de la misma fuente del gobierno, es decir del Inegi, la tasa de informalidad en México es la misma que teníamos antes de la pandemia, es decir, es igual a la del primer trimestre de 2020.
El segundo dato o declaración del presidente es profundamente engañoso porque asegura que “se ha logrado una mejor distribución en la riqueza” gracias a un “aumento salarial y utilidades”, de modo que, según el mandatario, “la desigualdad se redujo porque los más ricos ganaban 18 veces más que los pobres y ahora ganan 16 veces”, todo en esa declaración es falso y por donde se le vea no está sustentado por definiciones económicas básicas, quien no lo crea puede tomar cualquier libro o diccionario de economía para que se entere qué quiere decir distribución de la riqueza.
Distribución de la riqueza es la manera y la proporción en la que la riqueza económica se reparte entre los diferentes segmentos sociales de un país y ello es resultado de todas las actividades productivas que se desarrollan en conjunto.
¿Cómo se distribuye la riqueza en un país?
Básicamente se hace de tres maneras:
Con la política monetaria: utilizando el crédito privado para expandir la actividad económica y así se agranda la base monetaria para generar dinero nuevo. Para hacer esto es necesario que las personas puedan tener acceso al crédito y a los productos financieros de la banca, pues si gran parte de la población no tiene acceso al crédito de los bancos nunca podrá ser parte de la expansión monetaria, es decir, se debe poner al alcance de la gente el dinero o riqueza que se genera.
Con el salario: aquí el problema es que en México la mayoría de la población asalariada sobrevive con salarios mínimos o bajos y no es con ayudas sociales complementaria al salario como se debería sostener la gente a lo largo del tiempo.
Con la política fiscal: porque con los impuestos se provee a la gente de servicios públicos con un enfoque supuestamente redistributivo.
Como condición, para que un gobierno pueda distribuir y/o redistribuir la riqueza, lo primero que se debe hacer es permitir que los capitales privados inviertan y crezcan. Los gobiernos no crean riqueza ni empleos, lo que hacen es que captan los impuestos, los administran y los deben distribuir equitativamente o porcentualmente entre la población, pero este gobierno no incentiva ni crea un ambiente de negocios atractivo para la inversión. Sin inversiones no hay riqueza y entonces no hay qué distribuir o redistribuir entre la gente.
Uno de los problemas que tiene la administración del presidente López Obrador es que su política social no tiene un principio redistributivo de la riqueza. De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), en 2020, 10% de hogares más pobres se quedaban solo con el 10% del total de lo redistribuido, mientras que el 10% de los más ricos se quedaba con 8% (en 2018, 18% de los más pobres se lo quedaba y el porcentaje de ricos que se adueñaba de ese dinero era 4%).
Va un dato más: de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2014 la riqueza total de México era de 76.7 billones de pesos, de ella 37% la tenían los hogares; las empresas privadas administraban 19% y las instituciones financieras el 5%.
Para que en México tengamos una verdadera distribución equitativa de la riqueza, cada hogar debería tener en promedio 900 mil pesos entre activos físicos y financieros, pero ello no sucede en nuestro país porque dos terceras partes de la riqueza lo posee sólo el 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos tienen más de un tercio, pero si hablamos de activos financieros la desigualdad es aún peor porque 80% de ellos son propiedad del 10% más rico.
Una real distribución de la riqueza necesita hacer nuevas reglas del juego (algo que AMLO nunca comenzó) las cuales deben incentivar el crecimiento redistribuyendo las fuentes originales que expanden el ingreso: los sectores del crédito y el salario. Solo así se elevarían en realidad y de manera sostenida los niveles de “bienestar”, palabra que le gusta mucho al presidente de México.
