La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la organización empresarial más importante del país, pidió al gobierno de López Obrador que use la fuerza pública (es decir a los militares) en eventos como los sucedidos el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, y por su puesto otros miles de mexicanos están pidiendo-exigiendo lo mismo. Sin embargo combatir al narcotráfico con la fuerza pública es costoso y no consigue resultados satisfactorios (como quedó demostrado y medido con el gobierno de Calderón), y es así porque hay que entender una cosa: el problema del narco es financiero, atacarlo exclusivamente con la fuerza pública no genera los resultados que queremos.
Es muy fácil pedir o exigir el uso del ejército desde nuestro pedacito de seguridad, mientras vemos la TV, estando en la oficina o escuchando la radio en la casa o desde el coche; sin embargo hay que ponernos en el lugar de las personas de Culiacán (y en general en el de cualquier otra persona que ha sufrido en sus estados ataques de los criminales), quienes escondidas en sus casas, trabajos, escuelas, restaurantes, atrás de una jardinera, atrapadas en centros comerciales, etc., escuchaban cómo tronaban a unos cuantos metros de ellos las bazucas, armas calibre 50 (que perforan blindaje), armas largas, lanzacohetes adaptados en camionetas, etcétera, esos inocentes ya dijeron que agradecen que el gobierno no haya mandado al ejército a repeler a los malandros, y no hay que ser un experto para darse cuenta que haberlo hecho hubiera generado una matazón donde desde niños hasta adultos mayores hubieran sido acribillados, si eso hubiera sucedido entonces sí el presidente sería juzgado por tomar una malísima decisión y exponer a las personas. Lamentablemente algo así ya sucedió en México hace casi 10 años.
En agosto de 2010 (durante el gobierno de Felipe Calderón) el narco asesinó a cientos personas en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, los cuales no eran criminales: quemaron concesionarias de autos y sacaron a gente de los ranchos, destruyeron casas con cohetes, granadas y bazucas, sacaron a muchos de los sitios donde se resguardaban de la masacre y en plena vía pública, las asesinaron frente a sus familias de formas brutales; luego y con todo el lujo de la más alta prepotencia, los criminales todavía llevaron trascabos, removieron la tierra y enterraron a todas esas personas, derrumbaron construcciones y dejaron ese lugar como una zona de guerra.
Por dos años la administración calderonista se dedicó a ocultar esta información y nos enteramos hasta 2012 una vez concluido su sexenio. Este baño de sangre en Tamaulipas es la mayor matanza de la cual se tenga registro desde la Revolución Mexicana, ¿no sería precisamente algo como esto lo que quiso evitar el gobierno de López Obrador? pues ese día en Culiacán, los criminales ya habían cercado las unidades habitacionales donde viven las familias de los soldados que participaron en el operativo que capturó a Ovidio Guzmán, y amenazaron con matar a esas decenas de familias “si no soltaban a su patrón”.
El problema del narco es más financiero, no sólo de seguridad
El fenómeno del narcotráfico en México no es nuevo, lo que vivimos ahora comenzó hace 40 años y se empoderó porque ningún gobierno hasta ahora ha atacado aquello que le da vida y lo nutre, pues no hay que perder de vista algo muy importante: el narcotráfico en el fondo es más un problema financiero.
En América Latina y en México principalmente, el crimen organizado ha tenido al menos estas principales fuentes de financiamiento (para hacerse de recursos que luego utiliza en sus actividades criminales):
- Trata de personas.
- Tráfico de armas.
- Secuestros
- Extorsiones.
Luego, el dinero obtenido por estos delitos es utilizado por el narco, pero para poderlo usar es necesario “lavarlo” es decir, hacer que pierda sus rastros o huellas de procedencia ilícita para introducirlo en el flujo de dinero legal que circula en el país, para ello, el crimen organizado utiliza diferentes mecanismos que han introducido sus recursos en los bancos mexicanos y en bancos de Estados Unidos, los primeros se han encargado se circular el dinero en nuestro país, mientras que los segundos lo han distribuido por todo el mundo.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, entre el año 2000 y 2010, aumentó la cantidad de cocaína que venía de América del Sur para ser llevada como punto final a Estados Unidos, en esos 10 años los cárteles mexicanos fueron los transportistas y todo el dinero que ellos ganaron durante esa tiempo fue lavado e introducido al sistema bancario nacional e internacional, sin que las autoridades mexicanas lo combatieran de manera real y efectiva.
A las actividades del narco hay que sumar lo siguiente:
- En México llevamos años con un modelo de acumulación de riqueza en el cual sólo unas cuantas manos se quedan con el 2% del Producto Interno Bruto promedio de crecimiento económico que generamos cada año (es decir unos 415 mil millones de pesos anuales), y con ese dinero ha aumentado el número de ricos pero también aumenta la cantidad de pobres.
- Tuvo mucho que ver la aplicación de las políticas económicas neoliberales, como haberse abierto en mayor porcentaje a la económica del exterior al hacer grandes contratos para comprar más exportaciones y consumir menos lo interno (lo hecho en nuestro país), esto agravó nuestra economía doméstica e hizo precarias a las pequeñas y medianas empresas.
- Llevamos más de tres décadas sin crecimiento económico.
- La pobreza ha aumentado enormemente (hoy en día 50% de la población es pobre en alguna de sus variantes o clasificaciones).
- Han aumentado las desigualdades sociales y ello generó la falta de legitimidad (aceptación) del gobierno y de sus instituciones.
Toda esta pobreza fue y es un terreno fértil para que el narco “contratara” o enganchara a las personas y así estas les sirvieran en sus actividades criminales, pues no es gratuito que miles de pobres hayan preferido entrar al crimen organizado al encontrarse con pocas oportunidades laborales y las que habían no prometían desarrollo y no los harían escalar a una mejor situación de vida. Todo este contexto “ha desembocado en niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea de México”.
Como pudimos ver en esta breve explicación, el crimen organizado y el narcotráfico viven y se fortalecen gracias a que pueden tener actividad dentro del sistema financiero de México, utilizando sobornos a servidores públicos (incluso en esta administración el Servicio de Administración Tributaria perdonó el pago de impuestos por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de un operador financiero del crimen organizado) y empleando empresas existentes o de nueva creación (como la del caso FICREA) que les ayudan a “quitarle lo sucio” al dinero (incluso actualmente se detectó que usan bitcoins para este fin). Mientras no se ataquen a las fuentes de financiamiento de los criminales no veremos avances reales, medibles y comprobables en el combate al narcotráfico.
Actualmente, esta administración está intentando ir a la raíz del problema, por ejemplo:
- En la primera quincena de octubre las autoridades congelaron 5 mil millones de pesos en mil 995 cuantas identificadas con el crimen organizado.
- Ya comenzaron con la extinción de dominio, es decir, con quitarles bienes incautados a los criminales (casas, vehículos, joyas, arte, etcétera) y rápidamente se han subastado para evitar que sean improductivos al permanecer por años en litigios engorrosos.
- Se atacó la facturación falsa y ahora se considera delincuencia organizada, ¿por qué? porque tan sólo en 5 años (con Peña Nieto) surgieron 8 mil nuevas empresas “factureras” que hicieron operaciones simuladas con casi 9 millones de facturas falsas, con ellas lograron evadir más de 350 mil millones de pesos (1.4% del Producto Interno Bruto), lavaron ese flujo de efectivo y así pudieron introducirlo al sistema financiero mexicano.
Queda claro que una “estrategia” de enfrentamiento frontal contra el crimen, como la que hizo Felipe Calderón, gastó miles de millones de pesos y los crímenes no bajaron, por el contrario, escalaron, generando muertes y miles de huérfanos que quedaron más expuestos al poder ser reclutados por los criminales.
Por otro lado, la estrategia de López Obrador puede prometer mejores resultados en el mediano plazo (5 o 6 años), pues esto es lo que por años se ha dicho que debe hacerse, sin embargo durante su primer año de gobierno también la criminalidad ha repuntado, y ha tenido recientemente sucesos muy escandalosos como los de Culiacán o Michoacán, con sus consecuencias y vergüenzas tanto dentro de México como ante la comunidad internacional, sin embargo nunca se había hecho lo que se intenta actualmente: ir por las fuentes de financiación del crimen. Habrá que esperar que esto no sea una gran simulación y analizar sus resultados reales, con las consecuencias que esto conlleve...
