Exactamente en mayo de 2011 y durante la administración de Marcelo Ebrard, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elaboró la llamada Norma 29, con la cual pretendía que los supermercados se construyeran solamente sobre vías primarias y les prohibía que se instalaran cercanos a pequeñas tiendas de abarrotes o mercados públicos; la idea del gobierno perredista de la Ciudad de México era “proteger” a los mercados tradicionales, misceláneas y tiendas de abarrotes del poder económico de grandes cadenas comerciales y también de las tiendas de conveniencia como los Super Ya!, Seven Eleven, Oxxo, entre otros.
En 2011 y durante la administración del ex presidente Calderón, la Procuraduría General de la República promovió ante el máximo tribunal de México una acción de inconstitucionalidad en contra del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del DF, la PGR argumentó que la Norma 29 favorecía los mercados y tienditas, vulnerando así el libre comercio de las tiendas de autoservicio y de conveniencia; así las cosas el 24 de junio pasado la SCJN declaró inconstitucional lo que aprobó la administración del DF y en resumen la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que las tiendas de autoservicio, centros comerciales y expendios de conveniencia podrán instalarse libremente y si así lo quieren cerca de mercados populares o tiendas de abarrotes en la Ciudad de México.
En el fondo hay dos asuntos importantes bajo esta decisión de la corte:
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Percepción de que con esta resolución no se consideró al consumidor y los ministros solamente pensaron en los empresarios, ya sean micros (los de las tiendas de abarrotes) o grandes (los de las cadenas de renombre).
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No se pensó en los dueños de las tradicionales tiendas, pues muchos de ellos no pueden competir en precios, promociones, horarios de atención, distribución, logística, pagos de servicios domésticos, etc., ante las grandes empresas de distribución de alimentos.
Algunos propietarios de tiendas de abarrotes en el DF piensan que los establecimientos de conveniencia son una amenaza real para su negocio y sus ingresos. Para abordar este planteamiento tomemos como ejemplo a la empresa OXXO, la cual es operada por Femsa:
OXXO es la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina, la cual distribuye productos en sus más de 7 mil establecimientos. Por su parte FEMSA es el socio mayoritario de Coca-Cola FEMSA, The Coca-Cola Company es propietaria de una tercera parte del capital social de Coca-Cola FEMSA.
Ante lo anterior no hay que perder de vista que OXXO pertenece a unas cuantas personas, no hay franquicias disponibles para la población en general y han proliferado en el DF en los últimos años, llegando incluso a lugares del área metropolitana donde anteriormente no se habían instalado debido al alto índice de asaltos, tal es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, donde según una abogada de la demarcación,
Ahora hay OXXOS en todo Neza porque la empresa llegó a un acuerdo con el municipio y a cambio del pago de una cuota ahora hay patrullajes más frecuentes para estas tiendas.
Es decir que se está usando parte del recurso público (como lo es la seguridad) para incentivar la expansión económica de particulares. Por si fuera poco y como dato adicional, FEMSA adquirió apenas dos cadenas de farmacias para entrar a un mercado con valor de 15 mil millones de dólares.
La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) asegura que el sector abarrotero representa el 1.7% del Producto Interno Bruto de México, es el 10.9% del sector comercio y sostiene que en la última mitad de junio las ventas de este sector fueron de 130 mil millones de pesos. La asociación afirma que este canal de distribución es la opción más barata para los consumidores y la más cercana que tienen.
Las tiendas de abarrotes han implementado unas prácticas para sobrevivir, pero algunas son ilegales y hasta trastocan problemas de salud pública. Va un ejemplo:
Hace unos días se presentó un reportaje en Guadalajara que demuestra que la venta de cigarros es usada como un anzuelo comercial para atraer clientes, es decir se venden cigarros a menores de edad, jóvenes y adultos quienes de paso adquieren otros productos del establecimiento. Lo que hacen algunas tiendas es fiar a sus clientes (como lo hacían las antiguas tiendas de raya) y estos a su vez liquidan su adeudo cuando reciben su salario que generalmente es quincenal.
Por lo anterior, la población debe exigir a las autoridades que tomen acciones que frenen el monopolio de unos cuantos. Históricamente hemos sido testigos del acaparamiento de la televisión, telecomunicaciones, aerolíneas, tortillas, panificadoras, distribuidores de medicamentos, distribuidores de alimentos, etc., en perjuicio de los consumidores.