En estos últimos meses hemos visto o vivido las afectaciones que han causado diversos grupos sociales a lo largo del país, los cuales han afectado la economía y el entorno social del país. Más allá de la delincuencia que se ha situado en el territorio nacional, las revueltas sociales a lo largo de este sexenio se han incrementado de manera paulatina, cada vez más violentas y con el afán no solo de afectar la gobernabilidad en las distintas zonas del país, también buscando las afectaciones a empresarios, trasnacionales y pequeños comercios que han visto como las protestas han alejado al turismo nacional y extranjero, así también afectando la distribución de mercancías y el traslado de las personas en la red carretera del país.
Las tres grandes reformas de esta administración se enfocaron directamente en el cambio que el país necesitaba, adecuaciones a la constitución que llevaban años discutiéndose en el legislativo que no habían podido encontrar el acuerdo político hasta el año 2013. La reforma energética, fiscal y educativa marcarían el nuevo rumbo que el país adoptaría para enfrentar el entorno global y mostrar la competitividad del país en todo el mundo. Sin embargo estas reformas han tenido un rechazo generalizado de la población y un levantamiento social por aquellos que vieron afectados los beneficios que a lo largo de otras administraciones se habían obtenido o que les permitían operar en sistemas o esquemas de negocio que no correspondían con lo marcado por la ley.
La reforma educativa acrecentó las disputas con el magisterio al sur del país, a las ya acostumbradas movilizaciones en el estado de Oaxaca se sumaron en Guerrero y Chiapas, esto para exigir de manera violenta y no importando ningún factor económico ajeno a sus intereses, que se mantengan los beneficios que han conseguido a lo largo de los años por parte de la clase política para mantener al margen sus movilizaciones. En la búsqueda del restablecimiento de sus “derechos” y de lagunas en la ley han movilizado a más grupos sociales a favor de su movimiento en el estado para paralizar las carreteras y mermar de manera importante el comercio en el estado. De la educación que merecen por derecho constitucional los niños de esa zona del país, nada se hablado a lo largo de las diversas mesas de negociación entre los maestros y el gobierno federal estatal. Los niños de ese estado pierden en promedio más de 50 días de cada ciclo escolar cursado, uno de los estados más afectados por la pobreza. Las negociaciones con este sindicato han impedido al gobierno tener avances tanto en la implementación de estas reformas como los distintos programas sociales asignados al sur del país, volviendo el gasto publico insuficiente en un entorno de recortes presupuestales por las afectaciones macroeconómicas al presupuesto gubernamental.
La reforma energética es la que se podría decir ha alcanzado las mejores perspectivas, sin embargo la caída en los precios del petróleo han mermado sus beneficios y limitado la perspectiva positiva acerca de ella, sobre todo en los estados petroleros en el país que mostraron su descontento en la elección del pasado mes de Julio, donde el partido del gobierno en el poder vio a la oposición hacerse de estados que tradicionalmente habían apostado por ellos. La rentabilidad de las inversiones extranjeras en los pozos petroleros que el gobierno federal ha puesto en licitación pública internacional se va visto limitada debido a que el precio del petróleo ha vuelto cuestionable inversiones de alto costo por una rentabilidad limitada. Sin embargo las primeras rondas de licitación han presentado una respuesta positiva por parte de las empresas inversionistas en los campos concursados. En otro rubro el gobierno federal acertó con la protección en la baja del petróleo con las coberturas que han permitido seguir recibiendo los flujos de dinero que necesita el gobierno para su operación.
Es ahí donde la reforma fiscal encontró su fundamento buscando crear un sistema tributario que no dependiera de los ingresos petroleros y que ampliara la recaudación fiscal. Esto sin embargo ha centrado los cuestionamientos en el modo que esto recursos se distribuyen en los diversos programas y gastos corriente que ejerce el estado, por lo cual le ha repercutido al ejecutivo en la popularidad más baja de cualquier administración reciente y de manera política igualmente, ya que en las pasadas elecciones también perdieron gubernaturas por el descontento de la población en el norte del país por la homologación del IVA y los cargos fiscales. El reto para esta administración será poder reducir el gasto corriente y a pesar de los recortes ya anunciados poder brindar recursos a los programas de infraestructura que permitan incrementar las inversiones directas en el país.
El paquete económico del 2017 será transcendental para que las reformas implementadas tengan futuro y que el gobierno federal pueda encaminar un plan sostenido de desarrollo que impida que grupos o intereses ajenos al desarrollo del país afecten el bienestar social y económico.
Arsenio Cruz
Socio de Investigación EBC Reforma
