Como ya lo habíamos mencionado, 2016 será un año difícil porque el gobierno mexicano prevé menos ganancias por venta de petróleo, por tanto habrá menos dinero en el país. Para contrarrestar esto se dice tras bambalinas que el SAT será más agresivo, en la recaudación de impuestos, de modo que no perdonará multas e incluso irá tras informales, micro y pequeñas empresas principalmente.
En ese sentido, nos enteramos que en algunos estados del país en complicidad con asociaciones de padres de familia, las autoridades le están “echándole el ojo” a las tienditas de las escuelas o mejor conocidas como cooperativas escolares para “regularlas”, es decir, quieren obligarlas a que se registren en el SAT para que paguen impuestos, supuestamente en beneficio de la comunidad escolar.
Lo anterior está en duda, pues lo mismo se dijo en 2014 para justificar el IEPS, cuando se aseguró que con el aumento al impuesto a las bebidas azucaradas se iba a combatir la obesidad infantil y a instalar bebederos en las escuelas; ya han pasado dos años de eso, Hacienda obtuvo más de 18 mil millones de pesos en 2014 por ese impuesto y no han instalado los bebederos en todo el país como aseguraron, solo colocaron uno que otro por ahí y por allá.
Ahora, algunas autoridades locales están proponiendo cobrarles impuestos a sus respectivas cooperativas, lo cual puede despertar el interés de más gobiernos estatales en México, ya que hay registrados 25 millones de alumnos de educación básica que son los “clientes” de las famosas cooperativas escolares. Así las cosas, esto representaría un “botín” nada despreciable.
Actualmente en la mayoría de las escuelas (siete de cada 10) hay contratos que establecen que las cooperativas escolares deben pagar un peso diario por alumno por cada turno escolar, de modo que, por ejemplo, si una escuela tiene 500 alumnos por turno, pagaría dos mil 500 pesos semanales por el turno matutino y otros dos mil 500 pesos por el turno vespertino, es decir 5 mil pesos semanales o 20 mil pesos al mes. Así las cosas, estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos cada mes sólo por concepto de pago a las direcciones de los planteles de educación básica de México. Según autoridades, las cooperativas escolares obtienen por sus ventas entre mil y mil 500 millones de pesos todos los meses.
El resto de las escuelas, es decir tres de cada 10, pagan un porcentaje estipulado en sus contratos, con lo cual resultan más de 500 millones de pesos de pago a los directores de las escuelas. Según el reglamento, estos recursos se utilizan para pagar el teléfono, material didáctico para maestros, etcétera, y queda prohibido que los directores lo gasten en su gasolina, comida u otro aspecto de índole personal.
Primero la regulación y luego el cobro de impuestos
El problema no es el regular o no a las cooperativas para que paguen impuestos a Hacienda, el problema es que antes de obligarlas a registrarse al SAT se deben combatir las irregularidades. Por lo menos desde 2012 se ha denunciado que el dinero obtenido de los pagos que hacen las cooperativas a la dirección de la escuela se usa con discrecionalidad, para comprar cosas en beneficio personal de las autoridades del plantel e incluso se sabe que ha sido robado por directores y/o hasta miembros de la asociación de padres de familia, pues recordemos que legalmente ambos reciben los recursos y deciden el destino se los mismos.
En el fondo el problema sigue siendo la corrupción y la impunidad que afecta hasta a este tipo de pequeños negocios escolares en México, lo cual refuerza la versión que hasta en los negocios más bajos llega el largo brazo de la corrupción. Las diferentes asociaciones de padres de familia a lo largo y ancho de México han cometido fraudes, y aunque en muchos casos han sido denunciadas, no han recibido castigo “porque las autoridades no actúan como deben hacerlo”.
Ejemplo: tan solo en una escuela primaria rural en un municipio de tamaño pequeño en el estado de Puebla, se han denunciado desfalcos por 80 mil pesos, se hicieron las denuncias, se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes y simplemente no hay detenidos. Así como este hay cientos de ejemplos en prácticamente todas las regiones de México; el asunto de fondo es que los recursos no se recuperan para uso de la educación de los niños, y sólo unas cuantas personas se los apropian al amparo de la impunidad que hasta en estos casos reina en nuestro país. La conclusión es que antes de cobrarles impuesto a las cooperativas habría que blindar los recursos económicos que generarán para mejorar la educación en las escuelas de nivel básico de nuestro país.
