Los sistemas políticos intentan mantenerse vigentes por años, aunque ello implique la irresponsabilidad y no asumir los costos de decisiones no tomadas que generan estragos para el futuro de la población. El hecho que México está en su peor momento de endeudamiento público en todo el siglo XXI es conocido por los mexicanos, tergiversado a conveniencia según el lado del panorama político en el cual se esté ubicado, pero se necesita entender cómo se ha llegado ahí para poderlo resolver.
El estado ha sido históricamente ineficiente en los dos lados de la política fiscal, fue incapaz de crear un marco de recaudación que incentivara la inversión y al mismo tiempo saneara las finanzas públicas, y demostró ser completamente desleal y falto de compromiso en la aplicación de gasto público. Las posiciones a nivel internacional lo logran evidenciar muy pronto, posicionados en el último lugar de recaudación entre los países de la OCDE, y en el 121 de 137 en eficiencia de gasto público según el último reporte de competitividad del Foro Económico Mundial.
Esos datos los utilizo de manera muy insistente en mis blogs debido a su repercusión y que reflejan verdaderamente lo que está mal en materia de sector público: Recaudamos poquísimo dinero y lo aplicamos mal, y ello da como resultado pésimos servicios públicos y la barbarie humanitaria que presenciamos en seguridad, salud y educación. Este fracaso fiscal tiene repercusiones en los demás sentidos, porque no se le da garantía suficiente a la iniciativa privada de invertir cuando el estado de derecho está roto, o cuando hay tantas políticas que permean la improductividad o te van reubicando en la informalidad. Y su impacto en la deuda pública resulta en bajas calificaciones por parte de Standard & Poor’s o Moody’s, generando una fuga de capitales que dañan seriamente al peso mexicano, lo cual tiene impacto en el coeficiente de traspaso del precio del dólar sobre el nivel de inflación, así como dañar seriamente a los importadores del extranjero. En macroeconomía todas las variables chocan entre sí, y un problema se multiplica hacia todos los demás.
México tenía un gasto público desproporcionado para su recaudación, superando para 2004 el 22% mientras que el ingreso tributario consistía en un 10%, compensándose un 8% con los ingresos petroleros, y el resto se compensaba emitiendo deuda. El estado gravó por mucho tiempo el 69% de los ingresos de Pemex, llevándole a no reinvertir en sí mismo, y siendo una de las causas del fracaso petrolero y a la caída en la producción de barriles.
Y estas diferencias se han compensado históricamente con deuda, iniciábamos el siglo con una deuda pública equivalente al 19% del PIB, hoy se ubica en el 46%. Se destina más dinero del presupuesto público en pagar los intereses de la deuda que en lo dedicado a toda la Secretaría de Educación Pública, y ello puede empeorar si las tasas a nivel mundial continúan a la alza.
Esta deuda no solamente es culpa del gobierno federal, los estatales han sido también culpables al someterse a deuda luego de derroches en gasto corriente que no fue compensado con ingresos, siendo cómplices en una situación delicada que la siguiente administración tendrá que resolver a su brevedad, antes que las aguas de la deuda supere al 50% o al 60%. Para que sus planes funcionen, tendrán que mejorar la eficiencia del gasto en las dependencias. La primera medida importante parece ya haber sido escogida en la centralización de compras por la Secretaría de Hacienda. ¿Funcionará? Lo analizamos en otro blog.
David Abraham Ruiz Ruiz
Licenciado en Finanzas por la Universidad de Sonora
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